Sólo los peruanos pueden resolver su crisis política

La visita de la misión de la OEA sirve al gobierno de Pedro Castillo para ganar tiempo, pero no traerá la superación del conflicto entre el bloque de poder y la democracia.

POR EDUARDO J. VIOR

22-11-2022 | 20:06

El presidente Pedro Castillo denunció este lunes 21 ante una misión de la OEA que visita el país que hay una amenaza a la democracia desde la oposición de derecha. La delegación panamericana se reunió en Palacio de Gobierno con Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y los ministros, para escuchar su posición frente a la crisis política que enfrenta al Ejecutivo con el Congreso.

El gobierno ha denunciado reiteradamente un golpe parlamentario en marcha y por esa razón pidió la intervención de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Por su parte, la oposición parlamentaria busca destituir a Castillo argumentando supuestos actos de corrupción que están en investigación. Este nuevo giro de la crisis en el país andino permite al presidente ganar algo de tiempo, pero no resuelve un conflicto que, aparentemente, sólo puede superarse con el triunfo de los pasillos del poder o de las calles.

La misión del organismo continental también se entrevistó con la mesa directiva del Congreso, controlada por la oposición de derecha, y con las autoridades judiciales. El Grupo de Alto Nivel de la OEA que visita Perú está encabezada por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga. El canciller argentino Santiago Cafiero formaba también parte de este grupo, pero en su lugar llegó a Lima el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti. Los otros integrantes de la misión de la OEA son los cancilleres de Ecuador, Guatemala, Paraguay y Belice y los vicecancilleres de Colombia y Costa Rica.

En los últimos días en las calles de Lima hubo movilizaciones a favor y en contra del gobierno, pero con poca concurrencia. Ni el gobierno ni la oposición han mostrado hasta ahora capacidad de convocar un importante apoyo a su favor. Según una reciente encuesta, Castillo tiene un respaldo de 28 por ciento y un rechazo de 62 por ciento, pero la desaprobación al Congreso, que lo quiere destituir, llega a 81 por ciento, con sólo 13 por ciento de aprobación.
 

El maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, que en 2021 ganó las elecciones con apoyo de la izquierda derrotando a la derecha representada por Keiko Fujimori, ha denunciado repetidamente “un golpe parlamentario en marcha” promovido por la oposición de derecha al ritmo de los grupos de ultraderecha liderados por el fujimorismo. Como parte de la maniobra, el Congreso ha admitido a debate una acusación por corrupción de la Fiscalía contra Castillo. Supuestamente, el presidente encabezaría una organización criminal para beneficiarse de licitaciones públicas.

Los cargos se basan fundamentalmente en testimonios de excolaboradores de Castillo procesados por corrupción. El presidente niega los cargos en su contra, pero los indicios lo complican. Entre tanto, el mismo lunes el Tribunal Supremo falló autorizando a la Fiscalía a continuar las investigaciones. La defensa del Presidente había pedido el fin de la pesquisa alegando que la misma afecta la inmunidad del mandatario.

La acusación ha sido presentada por la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciada a su vez por utilizar su cargo para destituir a la fiscal que investigaba a su hermana, que es jueza y está acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. El caso sigue en investigación.

La oposición parlamentaria pretende llevar adelante el proceso para destituir a Castillo por este caso, a pesar que la Constitución no permite procesar a un presidente en funciones por los cargos que la fiscalía le imputa al mandatario.

A este caso se suma una insólita acusación en el Congreso contra Castillo por “traición a la patria”, por una declaración periodística en la que opinó a favor de una salida al mar para Bolivia, aunque no propuso ceder soberanía territorial. Fue en enero de este año en una entrevista para CNN. El asunto quedó en esa declaración y no se ha dado ninguna acción del gobierno en este tema. A pesar de ser una acusación absurda que no se sostiene, la oposición logró aprobarla en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el caso está avanzando. Este caso demuestra que a la derecha peruana no le interesan las instituciones, sino derrocar al presidente de izquierda.
 

Estos procesos no son los únicos intentos para sacar al maestro rural de la presidencia. La oposición ha intentado dos veces destituir a Castillo acusándolo por el ambiguo cargo de “incapacidad moral”, que se resuelve en un proceso sumario, pero no alcanzó los dos tercios de votos necesarios para aprobarla. Ahora va por un tercer intento.

Castillo señaló ante la delegación de la OEA que estas acciones para sacarlo de la presidencia configuran un golpe parlamentario en marcha. A la par de las acciones para destituir a al presidente, la oposición parlamentaria busca también inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte, para que así asuma la presidencia del país el titular del Congreso, el general en retiro José Williams, que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos cuando estaba en actividad. Esto consumaría el golpe parlamentario de la extrema derecha que la delegación panamericana está investigando.

Por su lado, luego de reunirse con la misión de la OEA, el general Williams declaró que había señalado a la misión del organismo panamericano que no tenía intención de dar un golpe parlamentario. La delegación de la OEA también se reunió con la fiscal Benavides que acusa de corrupción a Castillo y con la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios.

Este martes lo hacía con congresistas de bancadas opositoras y oficialistas y con representantes de la sociedad civil. Luego emitirá un informe sobre la tensa situación política en el Perú. La presencia de la misión se produce un mes después de que el gobierno peruano activara la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo que tiene como norte velar por la democracia en situaciones de inestabilidad política. Tras su visita al país, la agrupación presentará ante el Consejo Permanente de la OEA un informe de la situación.

El jueves 10 miles de personas convocadas por sindicatos y grupos de izquierda marcharon en lo que se bautizó como “la toma de Lima”, para intentar cerrar el Congreso y frenar el proceso contra Castillo. Apenas el sábado anterior, otra manifestación multitudinaria se dio cita en la capital, pero pidiendo la renuncia del presidente.
 

Sin embargo, la interminable crisis política no interesa al grueso de la población. El conflicto de poderes comenzó en 2016, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Kuczinsky y continúa. Cuando Pedro Castillo fue electo en segunda vuelta en 2021 y logró llegar al gobierno tras un traumático proceso de dos meses, se encontró con que el Congreso, electo en la primera vuelta de abril de ese año, estaba atomizado en una multitud de bloques, sin posibilidad de formar mayorías estables.

Los pasillos del poder, que unen a las grandes empresas financieras y extractivistas con las mafias, el poder mediático concentrado y el poder judicial, empero, se las arreglaron para aglutinar en el legislativo mayorías ocasionales suficientes como para bloquear al gobierno, destituir jefes de gabinete y ministros y llevar adelante dos juicios políticos contra el presidente que fracasaron en el último momento.

Por el contrario, las fuerzas populares no fueron capaces de unirse y presentar una alternativa a las recurrentes ofensivas del fujimorismo y sus aliados. Aunque no pasó a la oposición, el partido Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que dio el apoyo originario para que Castillo llegara a la presidencia, retacea su acompañamiento al mandatario, irritado por el lugar que éste dio en su gobierno a la izquierda “caviar” de Lima. El jefe de Estado, por su parte, no fue capaz de disolver el Congreso y llamar a elección constituyente, como le reclamaba Cerrón.

Es un milagro que Castillo aún se sostenga en el gobierno, aunque con el costo de haber perdido la simpatía de la mayoría de la población. La visita de la misión de la OEA le aporta un pequeño respiro, pero no una solución. Mientras tanto, la crisis económica se sigue agravando y muchos peruanos temen perder sus empleos por la falta de medidas de fondo para superarla.

Dado el equilibrio relativo de fuerzas en el continente, es probable que, a diferencia de 2019 en relación a Bolivia, esta vez la OEA se comporte con un mínimo de decencia, peor no aportará la solución a la crisis peruana. Al mismo tiempo, ante la relativa paridad de fuerzas entre los reaccionarios poderes instituidos y el apoyo popular a la continuidad del gobierno, el conflicto en el país andino depende de relaciones de fuerza coyunturales: cualquier error de uno de los bandos enfrentados puede agudizar la crisis. El final es todavía incierto, pero lo conoceremos pronto.